Hacienda pública: incomprendida y bloqueada

Por Francisco Montfort Guillén

Intentar explicar y comprender la condición y la situación mexicana, sin incluir en el análisis el Estado, genera una visión parcial de nuestros problemas. Si aceptamos como válida la definición propuesta por Gramsci de que el Estado es la representación de la sociedad organizada, reconoceríamos como premisa general, en consecuencia, que nuestra organización es bastante deficiente.

Enseguida tendríamos que aceptar que si la organización es el elemento fundamental para que surjan las cualidades, entonces aceptaríamos que la mala calidad organizativa en el centro del decepcionante comportamiento del Estado mexicano para crear el tesoro público y para impulsar, con su gasto, el crecimiento económico y la sociedad de bienestar.

La fragilidad hacendaria bloquea el buen desempeño de las demás obligaciones institucionales del Estado. Por no reconocer esta verdad elemental, desde el nacimiento de México, las élites han peleado todas las batallas, han alternado sus victorias y derrotas, pero ningún grupo ha conseguido construir una sociedad desarrollada y, ni siquiera, reeditar el esplendor de la Nueva España.

¿Para qué se requiere de un gran tesoro público? Para defenderse de los ataques de otros Estados; o para hacerles la guerra; para asegurar la paz, el orden y la seguridad pública internas; para impulsar el crecimiento económico interno; para sostener eficientes empresas nacionales, públicas y privadas, y conquistar mercados internacionales; para construir un sistema democrático político y de gobierno que no parasite a la sociedad; para construir un estado de salud y seguridad social, pensiones incluídas, universal y gratuito y para muchas cosas más, como un sistema de educación/investigación/innovación competitivo. Y para construir este tesoro público colectivo es indispensable que los gobiernos realicen bien, muy bien, dos funciones: recaudar ingresos suficientes y gastar productiva y competitivamente la hacienda pública.

Es cierto que los mexicanos nunca hemos tenido gobiernos con la legitimidad suficiente para encarar su tarea de recaudación de fondos fiscales. Y si bien ninguna persona en el mundo paga impuestos con alegría, a los mexicanos pareciera no sólo disgustarnos el fisco, sino que rechazamos a los gobernantes que pretenden ordenar y organizar la hacienda pública. Y rechazamos en bloque estas intenciones porque, precisamente, nunca hemos conocido los beneficios del desarrollo. Vivimos instalados en el mundo de la desconfianza.

Cobrar pocos impuestos, hacerlo discrecionalmente y de manera sumamente deficiente es el inicio de una espiral de incompetencias. La primera consecuencia es que el dinero no alcanza para cubrir todas las exigencias de una sociedad en evolución continua. Es así que el déficit social es permanente y creciente. Y también lo es, contable y políticamente, el déficit financiero público.

Nunca ha existido algo parecido al “milagro económico mexicano”. En realidad el milagro ha sido la supervivencia de un Estado incompetente y corrupto, aceptado por una sociedad pobre, de desempeño económico mediocre y que no apoya, por mucho tiempo, a gobiernos que pretenden conseguir equilibrios fiscales ¿Por qué? Porque estos gobiernos, para no causar molestias a los contribuyentes cobran pocos impuestos, pero gastan también poco y por esa razón incrementan sus deudas sociales.

El superávit porfirista con Ives Limantour se lograba en una sociedad con más de 90% de analfabetismo, de economía rural y con una incipiente sociedad urbana, todos sin protección social ni sistemas públicos de salud. El supuesto éxito de Antonio Ortiz Mena contó con el respaldo de un gobierno autoritario que contenía demandas y descontentos y ayudaba únicamente a los hijos consentidos del sistema. Lo mismo puede decirse de Pedro de Aspe y Guillermo Ortiz. Por eso, por contener demandas y no cubrir las deudas sociales, al porfirismo le siguió la violencia revolucionaria; a López Mateos la deuda, el gasto desmedido e irresponsable, la inflación galopante y las devaluaciones. Y a Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo el hundimiento financiero y el crecimiento de la pobreza. Con Vicente Fox y Felipe Calderón continuó la baja tasa impositiva, la baja recaudación y la prudencia en el gasto, con lo cual, hasta la crisis reciente, las demandas sociales se cubrían sólo parcialmente y, ahora, el crecimiento de los problemas se ahonda y expande. Hoy es mayor la deuda social y la imposibilidad de brindar mejor seguridad pública, educación, salud, pensiones.

¿Nadie hizo nada para remediar estas situaciones? Pues sí, han existido iniciativas para hacer reformas fiscales. Y, en todos los casos, el esfuerzo ha sido tirado por la borda. Antonio Ortiz Mena sabía que su “desarrollo estabilizador” naufragaba. Promovió una reforma fiscal. Sus jefes prefirieron endeudar al país. En 1960 la deuda era de 813.3 millones de dólares. En 1970 era de 3,280.5 el 9.2% del PIB, y su servicio representaba 26.3% de los ingresos por exportación. Como consecuencia, se sacrificó la inversión pública. Luis Echeverría, inclusive, contrató a Nicholas Kaldor para diseñar una buena reforma fiscal. La desechó finalmente y decidió expandir el gasto público financiado con deuda externa para paliar los estragos sociales del desarrollo estabilizador. Heredó una catástrofe. José López Portillo había diseñado su reforma fiscal. La abandonó por la expectativa de la riqueza petrolera que pensó infinita. Aumentó la deuda, creó inflación, salida de divisas, devaluación y cerró con la quiebra nacional.

Carlos Salinas de Gortari implantó un nuevo periodo de prudencia fiscal, contuvo el gasto público, incrementó el gasto privado, reformó el sistema tributario bajando el IVA de 15 a 10%, con lo que creció poco la recaudación y de manera no sostenible. Concluyó con “el error de diciembre” y una nueva bancarrota. Ernesto Zedillo logró incrementar el IVA, constituir fondos de ahorro, mantener la prudencia fiscal pero el incremento tributario no alcanzó, siquiera, la recaudación del gobierno salinista.

Vicente Fox impulsó una ambiciosa reforma fiscal que fue bloqueada por el PRI en 2003. Felipe Calderón ha hecho dos intentos, ambos rechazados por el PRI, por razones políticas, no económicas ni financieras. Desde 1965, al menos, han sido frenadas las reformas fiscales. Por razones comprensibles, el PRI ha impedido constituir un Estado rico: un tesoro público acorde con las necesidades de toda la sociedad mexicana y que sea la base de un proyecto nacional ambicioso. Y por incrementar el gasto público para paliar la pobreza social crónica, ha provocado tres crisis profundas por el exceso de gasto público en 1976, 1982 y 1995. Ahora, en 2010, pretende sujetar nuevamente la hacienda pública a sus intereses políticos y de acceso a la presidencia de la república. Rebajar el IVA de 16 a 15 por ciento no mejorará el poder de compra de la sociedad, causará mermas al tesoro público y sólo servirá electoralmente al PRI, que vive bajo el trauma de la roqueseñal creyendo que el poder político presidencial lo perdió por aumentar el IVA.