El miedo a la legalidad
Por Francisco Montfort Guillén
Los regímenes absolutistas generan sociedades desordenadas. Los regímenes autoritarios construyen sociedades temerosas. Esta desafortunada combinación está en el origen de muchos de los males de los mexicanos. Durante casi toda su historia han conformado sus conductas colectivas e individuales con base en el temor: el temor a Dios y el temor a sus autoridades. Desde esta base cultural han sido minadas las aspiraciones y conductas a construir una vida ordenada constituida por ciudadanos seguros de sí mismos, que sea la base de un capital social, es decir, un capital de organizaciones productivas, competitivas para realizar socialmente sus fines más anhelados. Porque sólo el cumplimiento de las leyes crea orden y un régimen absolutista basa su existencia en la imposición de su voluntad por encima de todo marco legal. Porque sólo el cumplimiento de las leyes hace de la vida en sociedad un esfuerzo diario de confianza en el prójimo y no un sentimiento de recelo entre todos los ciudadanos, derivado del temor al castigo ilegal que propina un Estado autoritario y arbitrario que también se desempeña con el temor de cumplir la ley porque de esa manera mina sus grandes poderes extralegales.
Los avances democráticos de nuestro país consistieron en poner diques a la arbitrariedad del régimen y generar conductas apegadas a la legalidad. Los avances fueron detenidos y en muchos casos revertidos, sobre todo en los estados de la república, cuando esos diques afectaron no sólo a los miembros del <partido único>, sino que involucraron a toda la clase política. Las deformaciones del régimen actual lo mismo en cuestiones de seguridad, justicia, elecciones, economía y seguridad social provienen en gran medida del temor a cumplir las leyes, temor que se ha desparramado de la cúspide a la base social. Las normas legales son convertidas en insinuaciones de buenas conductas y su confección obedece más a las veleidades del poder que a las necesidades de la sociedad.
En este marco de incertidumbre iremos a las elecciones presidenciales. Su característica será la desconfianza y el temor ciudadanos. Serán elecciones ancladas nuevamente en la inseguridad que deriva de un marco legal incompleto, con regresiones, y cuyo cumplimiento será exageradamente caprichoso. Las últimas y desafortunadas y erráticas decisiones del IFE, TEPJF, SCJN en la materia se unen a la irresponsabilidad de los actores políticos que en actos de venganza y frustraciones metieron al país en la más profunda división política y regresión absolutista al legislar en contra de los avances democráticos.
Un breve recuento de las carencias que no han sido subsanadas inicia con la ilegal tardanza en nombrar a los consejeros electorales del IFE y continúa con la ausencia de reglamentación del <derecho de réplica y la ley reglamentaria del artículo 134 sobre la propaganda institucional y la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, hasta adecuar la ley de radio y televisión.... modificar el Cofipe para permitir la acumulación de los tiempos que se otorgan a los partidos y así reducir el fenómeno de la "spotización" de la política a la que condujo la reforma de 2007... revisar los procesos sancionadores en los que se ha involucrado al IFE para transferirlos al Tribunal y/o a la Fepade. (María Amparo Casar. Ser parte de la solución. Reforma, 17/V/2011).
El temor a la ley crea delirios entre los mexicanos. Debido a la exigencia de la PGR y la Fepade de blindar las elecciones frente a las influencias de la delincuencia organizada, se ha generado el rumor de que el presidente de la república pretende suspender las elecciones en el estado de Michoacán por problemas de inseguridad pública y para favorecer las aspiraciones de su hermana. Si bien es cierto que resulta una exageración hablar de <blindaje> en términos electorales, porque finalmente las actividades delictivas forman parte de las decisiones individuales de los actores, dispuestos a todo por obtener el poder, también es cierto que existen muchos pendientes legales que los diputados se resisten a solucionar porque políticos y funcionarios se estarían coartando las ilegales libertades que inundan en este momento las elecciones.
-La Cámara de Diputados congeló de última hora una reforma penal electoral depurada con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), la cual eleva a delitos "graves" las irregularidades electorales, crea nuevos tipos penales para enfrentar la intromisión del crimen organizado en los comicios y sanciona la venta del padrón electoral y falsificación de credenciales de elector- (Elena Michel, Temen que narco infiltre comicios. El Universal, 20/V/2011). La resistencia es comprensible: las -irregularidades electorales- eufemismo que esconde la realidad delictiva que nunca ha dejado de acompañar a los procesos electorales, se han considerado como parte de la cultura electoral, como juegos de picardías, astucias y mañas para derrotar al contrincante que realizan sin excepción todos los candidatos de todos los partidos políticos en todo el país y para cualquier tipo de elección. Sin embargo, el nivel de desorden por las ilegalidades está a punto de desbordar a las instituciones si éstas no son reforzadas en sus funciones, aunque esto signifique restar arbitrariedad a las autoridades, partidos políticos y candidatos. La seguridad y la confianza de la ciudadanía como cualidades democráticas para el desarrollo, surgen del respeto al orden que genera organizaciones competitivas y productivas, que a su vez disminuyen el temor a la competencia y a la concurrencia. En otros términos: la gran tarea nacional consiste en construir, socialmente, valores y conductas contrarias al temor al cumplimiento de la ley, temor a competir y gozo en el desorden y la indisciplinas, gestadas por el absolutismo y el autoritarismo que nos formaron durante todo el siglo XX.
