La “Tremenda Corte” y sus “amigos del alma”
Francisco Montfort Guillén
Resulta descorazonador toparse con decisiones de la Suprema Corte que cancelan el ambiente de diálogo público mediante el cual se construye un verdadero régimen democrático. El problema de fondo es que decisiones muy importantes para mejorar la vida colectiva mexicana son adoptadas por los jueces sin pronunciarse sobre el tema, paradójicamente, por no ser de su competencia, de acuerdo a sus propios criterios. Esta situación revela, en principio, que a pesar del prestigio de los demandantes y de los abogados que los representan, elaboran demandas por la vía equivocada (lo que significa incapacidad o mala formación profesional), o que la Corte es muy torpe o mal intencionada o que de plano los derechos constitucionales en México no pueden ser bien defendidos y protegidos por ninguna institución.
El más reciente desaliento democrático lo constituye la resolución de la Suprema Corte a la petición de amparo que interpusieron ciudadanos mexicanos en contra de la reforma electoral más regresiva, desde que la voluntad colectiva de nuestra sociedad construyó un sistema electoral menos opresivo, menos antidemocrático y menos manipulable en toda su historia como nación independiente.
El amparo vivió el sueño de los justos en los archivos de los magistrados. Lo desempolvaron cuando el tiempo de su resolución les empezaba a apretar los zapatos. El litigio versaba sobre un asunto en apariencia sólo federal que, en la lejanía, permitía tomarse el tiempo para solucionarlo. Poco les importó a los señores jueces que ese marco jurídico incidiera sobre las elecciones en los estados de la república. Las dudas sobre la posibilidad de ejercer la plena libertad de las expresiones políticas de los ciudadanos en comicios locales, durante este tiempo, no los inquietó. Su horizonte fueron las elecciones presidenciales. Cuando decidieron tratar el amparo, la mala suerte de la falta de un magistrado, por fallecimiento, les permitió montar la farsa de llevar la discusión del caso a un empate de votos y, de esa manera, presionar para que se nombrara a un nuevo integrante de la Corte.
Ahora han fallado. Lo han hecho por partida doble. La primera: su resolución es fársica puesto que no debatieron el fondo del asunto, y la votación mayoritaria no deja ninguna duda de que ellos sabían que su resolución sería en contra del amparo. Reconociendo sin conceder que por sus conocimientos y experiencias están en ese puesto de trabajo, el mejor remunerado en todo el ámbito de las instituciones públicas del país, por esas cualidades que supuestamente poseen, es posible afirmar que con toda anticipación ellos sabían que el asunto no era de su incumbencia por la vía del amparo. ¿Esperaron tanto tiempo por temor o para beneficiar a sus “amigos del alma”? Por ello, la primera pregunta que surge es por qué razones no despacharon el asunto desde mucho antes, y así abrir la oportunidad a los demandantes a buscar otro camino para intentar reparar una reforma legal que a su juicio limita la libertad de expresión de todos los mexicanos. Ahora, aunque acudan a las instancias internacionales a presentar su demanda, la cual tardará, en el mejor de los casos, por lo menos un año, los demandantes y nosotros tendremos que aceptar las actuales reglas de juego durante las próximas elecciones.
La segunda falla es que con su decisión, los ministros cancelan tanto la discusión del tema del ejercicio pleno de las libertades de expresión como los alegatos en favor de la construcción de un mejor modelo de comunicación política. Los jueces no podían ser ajenos al profundo debate sobre visiones diferentes y hasta contrapuestas sobre las libertades para expresar ideas en forma de propaganda y sobre los actores que pueden ser sujetos de realizar esas actividades. Y tampoco deberían desconocer que el actual modelo de comunicación política ha quedado intermedio entre las ventajas de los prototipos que se manejan en Europa y las ventajas de los que se manejan en Estados Unidos.
Es posible agregar un aspecto más que debió ser valorado. Por supuesto que los ministros tienen que atenerse a las demandas escritas de los demandantes. Y deben apegarse a las leyes escritas y sus especificaciones. Este formalismo útil e infranqueable no puede ser obstáculo para que en los análisis fuera ponderada la situación real de desventajas y defectos que las reformas electorales, que desmantelaron una parte considerable de los avances democráticos, y minaron las instituciones surgidas del esfuerzo de años, han causado en los comicios tanto locales como el federal de 2009. De una parte la “espotización” de la comunicación política y por otra la permanencia y aún fortalecimiento de la llamada “guerra sucia”.
Nos quedamos con el peor de los mundos posibles. Un exceso de simplificación en el diálogo y debate, en el espacio público, es decir de todos, sobre los diferentes proyectos generales (de Nación) o más específicos (por entidad, municipio o por políticas públicas o reformas estructurales o coyunturales). Una sobredimensión de los descalificativos de los actores que sobrepasan las críticas sobre los defectos, equivocaciones y errores de hombres y mujeres políticos e instituciones públicas. Guerra sucia de una violencia inusitada que buscando denigrar al rival, convertido en enemigo irreconciliable, deshumaniza a toda la sociedad y abre las puertas a la barbarie, esa violencia de violencias que deshumaniza a los y las mexicanas. Se trata, en fin, esta lamentable decisión de la Suprema Corte, de otra oportunidad perdida y de la cancelación de pensar inteligentemente cómo resolver nuestras diferencias. Como si el país estuviera en condiciones de seguir perdiendo oportunidades y tiempos en su lucha por tener mejores condiciones de vida para todos.
