«Nomás la puntita…»: de insinuaciones y propuestas indecorosas

Por Francisco Montfort Guillén

En México la ley es una insinuación, me afirmó contundente el doctor José Luis Soberanes cuando le interrogaba sobre el estatus de la legalidad en México. Con esa frase titulé la entrevista que fue publicada en la Revista Confluencias, la primera orientada y especializada en cuestiones electorales y políticas en el estado de Veracruz. En ese entonces, el académico era el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Después ocuparía puestos de mayor relevancia nacional, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los cuales demostró que su antigua conceptualización de la ley en México es una realidad tangible que afecta seriamente nuestra convivencia y desarrollo.

Suman millones de personas en el mundo para quienes las leyes son una especie de recurso mágico o la representación de la voz divina que actúa como Deus-ex-machina para modificar una realidad que nos resulta inadmisible. Así, en Estados Unidos, en muchos estados han sido elaboradas leyes que impiden la enseñanza de la evolución de la vida con base en las obras de científicos que aportan sólidas bases sobre las transformaciones, mutaciones y modificaciones de la naturaleza que explican nuestra existencia. Dichas leyes, por el contrario, exigen la explicación de la creación del universo como fruto de la obra de una sola divinidad. En ese país, ahora, se empieza a legislar para evitar que se enseñe a niños y adolescentes sobre las causas y efectos del cambio climático en tanto fenómeno impulsado por las acciones del hombre y su manera de producir y consumir mercancías: las leyes como protectoras de la huída hacia adelante.

En México también otorgamos a las leyes un poder sobrenatural. Imaginamos que promulgándolas modificaremos las conductas que sabemos son contrarias a nuestro progreso. En adición, aquí tenemos otras creencias que provocan una realidad esquizoide. Las leyes en general no tienen como propósito regular las conductas en aras del interés colectivo. Las leyes son la expresión de los deseos del poderoso. Y por ende, son leyes que se elaboran en contra de alguien. Carecemos de ejemplos permanentes de legislaciones exitosas que sean fruto de acuerdos políticos y civiles en aras del bien común.

El juego que todos jugamos en México es hacer creer que aceptamos las insinuaciones del aquí y el ahora («te juro que nos casamos») por un interés genuino y no por las circunstancias a que nos obligan o nos deleitan en determinado momento. A los mexicanos no nos atormentan las mentiras ni los incumplimientos (ni es «sólo la puntita», ni hay bodas) y por el contrario parece que encontramos profundo placer en la transgresión del orden jurídico: respuesta auténtica de autodefensa, una especie de anticultura autoritaria o de resistencia frente al autoritarismo del Estado, de la familia y en general frente a toda forma o institución de poder. Así hemos vivido hasta ahora, pues hemos sido incapaces, desde al menos 1997, de construir un régimen auténticamente democrático en donde las leyes sean el fruto de acuerdos civilizadores que promuevan su cumplimiento espontáneo y masivo y los castigos a las transgresiones sean realmente disuasivos, porque contribuyen a erradicar la impunidad y porque promueven que las mentiras, las falsas promesas y los incumplimientos sean considerados indignos y en su lugar sean instituidos como valores la formalidad, el respeto a las leyes, la verdad.

La violencia y la inseguridad delincuencial que vivimos son la otra cara de la misma moneda de la ilegalidad, la transgresión y la impunidad de nuestro sistema político electoral. El galimatías del sistema jurídico político-electoral es directamente proporcional a las mañas, picardías, chapuzas que desde siempre han acompañado el juego para acceder y detentar el poder en el sistema político fundado por las facciones triunfantes de la llamada Revolución Mexicana. En la guerra electoral de 2012 seguramente no habrá los 50 mil muertos de la lucha entre carteles y en contra de autoridades, pero si habrá millones de damnificados por una batalla que no respetará la legalidad establecida.

¿En verdad cree usted que el galimatías jurídico impide el desarrollo de la contienda política por el poder presidencial? ¿Realmente piensa que la situación actual en torno a los debates, la spotización de las campañas, las guerras sucias, las limitaciones al libre juego de las propagandas partidistas es resultado de la elección del 2006 y la reforma subsecuente? Pues lamento desilusionarlo, porque en realidad los partidos y candidatos jamás han dejado de hacer sus tranzas o transgresiones o astucias o chanchullos, como usted quiera llamarlos. Si existe un candidato experto en darle la vuelta a las leyes ese es Andrés Manuel López Obrador, con un PRD que maneja ya con destreza las transgresiones legales. Si existe un partido súper-experto en violar y servirse de las leyes de manera soterrada y hasta de manera hipócritamente elegante ese es el PRI, cualquiera que sea su candidato. Si existe un partido burdo pero sumamente aplicado en las mismas artes ese es el PAN. Si existen partidos descarados y cínicos en la transgresión de las normas enumere aquí a todos los partidos pequeños moral, política y electoralmente.

Las leyes electorales «democráticas» se elaboraron en contra del PRI y desde el año 2000 para frenar el poder del PAN. Todos los partidos y candidatos violan las leyes que sus diputados aprueban. Y es así por razones culturales. Las leyes han sido convertidas en guillotinas, como las manejan las televisoras, en proposiciones indecorosas, más que en insinuaciones de buena conducta, como las manejan los partidos. Y como las asumen muchos ciudadanos, que no respetan las leyes de tránsito, de construcción y cualquiera que se interponga entre su santa voluntad y las molestas legislaciones. Joaquín López Dóriga, molesto porque el TEPJF lo enlista entre los periodistas que presuntamente violaron las leyes electorales, escribe desafiante y estúpidamente que no se presentará a declarar sino es frente a un Ministerio Público o ante un juez, ignorando en que el Tribunal Electoral Federal, quienes reciben las quejas o recursos, los interpretan y proponen exoneraciones o sanciones son jueces. El periodista prepotente desprecia las leyes y a los jueces electorales por las mismas razones que se han expuesto en esta columna. Y eso que  le mostraron «nomás la puntita» legal.