Demandas Colectivas: Libertades Ampliadas
Por Francisco Montfort Guillén
Con la estrecha visión de que el desarrollo sólo es crecimiento económico. Con la ceguera de que únicamente con la medición del ingreso es posible aprehender la realidad social, los economistas autodenominados progresistas y de izquierda, salvadores del pueblo bueno, los verdaderos profetas de la miserología se oponen o miran para otro lado cuando el tema a discutir es el progreso de las condiciones sociales para el florecimiento de las empresas. Para ellos el reino del desarrollo es el inmaterial mundo de los grandes planes de inversión, los “presupuestos públicos históricos”, las batallas político-burocráticas ganadas a sus enemigos.
Crearon primero un mercado interno de privilegios, no de instituciones públicas y empresas paraestatales y privadas competitivas. Defendieron “como perros” el mercado feudal mexicano. A pesar de la debacle que se venía venir, obligaron a José López Portillo a renunciar a sus intenciones de que México ingresara al GATT. El presidente bohemio tuvo que tragarse sus intenciones y declarar que el régimen de la Revolución Mexicana todavía podía navegar sólo y que no estaba preparado para aceptar el reto del comercio internacional.
A ciencia y paciencia, no obstante los avisos que mandaba precisamente el feudal mercado interno sobre su agotamiento, desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, éste y los tres presidentes siguientes se empecinaron en profundizar la ruta de la Revolución Mexicana. Así fue como destrozaron lo poco de bueno que habían construido sus antecesores. Lo más grave sociopolíticamente: desaparecieron las clases medias formadas con tanto esfuerzo. Su ideología nacionalista y su corrupción mexicanísima hicieron el resto. Deformaron el funcionamiento institucional y pusieron en estado de coma la calidad y competitividad logradas por algunas empresas e instituciones públicas.
Estos mismos redentores de la miserología criticaron la apertura comercial. Su alegato: la gente en México no sabe comprar (como tampoco sabía votar). En efecto, inicialmente y frente a un mundo de mercancías nuevas que los mercaderes mexicanos importaban como saldos de artículos obsoletos o piratas, los consumidores primero se equivocaron y después rápidamente, aprendieron a elegir y en los supermercados se apilaban mercancías de mala calidad que ni con regalos eran vendidas: herramientas chinas que se rompían, vino europeos contaminados por la explosión de Chernobil y un gigantesco etcétera.
La pedagogía generada por el TLC fue sensacional. Los consumidores tenían a su disposición más mercancías y más baratas; de variados precios y calidades diferenciadas; de distintos países y con múltiples presentaciones. El nacionalismo comercial fue el primero en sucumbir: los cada vez menos productos mexicanos que se compraban se adquirían por ser competitivos, no por ser mexicanos. Otro cambio fue fundamental: aún los pobres podían comprar y escoger productos. En suma: los mexicanos, a pesar de la publicidad, se entrenaron y aprendieron a escoger y, finalmente, a elegir. Y no sólo productos, sino también a sus políticos, y por eso han aprendido a votar, aunque ahora sus elecciones vuelvan a ser defraudadas por las autoridades.
El desarrollo no es sólo crecimiento económico aunque éste sea el centro dinámico del mismo. El desarrollo es, sobre todo, ampliar el ejercicio de las libertades. A las libertades de elegir mercancías y políticos se suman libertades individuales para protestar por el funcionamiento de las instituciones y la calidad de las mercancías o por la forma en que fueron electos los políticos en cargos de elección popular. Pero en México no existen las libertades para establecer demandas colectivas en contra de malos funcionarios que perjudican a ciudadanos electores, ni en contra de empresas que venden productos o servicios que dañan a ciudadanos consumidores.
José Murillo Karam senador priista, promueve la iniciativa de ley de las demandas o acciones colectivas contra proveedores de bienes y/o servicios públicos o privados. Quienes promueven y quienes rechazan la iniciativa del Senado de la República tienen otro encontronazo ideológico. Alegan que se perjudicarán a las empresas, o que habrá un abuso de demandas, porque los mexicanos son frívolos en sus peticiones; o que por fin, pondrán límites a los abusivos empresarios. El fondo del asunto parece no importarles. En México hacen falta las demandas colectivas como ampliación de las libertades y derechos de los ciudadanos que individualmente no pueden ejercer presión para cambiar situaciones que provocan un daño colectivo a los consumidores o al medio ambiente. Esta ampliación de libertades puede detener daños, puede obligar a realizar pagos por los males cometidos. Pero sobre todo, puede generar una pedagogía de responsabilidades colectivas entre productores y consumidores. La instauración de demandas colectivas o de grupo requiere como complemento la ley de responsabilidad social de instituciones públicas y empresas privadas, que vendan bienes y/o servicios para que el resultado final producido sea un cambio cualitativo en la calidad de vida de los mexicanos. Lograr estos fines provocaría una revolución cultural silenciosa, es decir una metamorfosis social que mejoraría nuestra convivencia, nuestra vida personal y nuestra responsabilidad comunitaria.
