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¿Independencia sin Estado?



Por Francisco Montfort Guillén




Dentro del sistema educativo del país, el sector menos productivo ha sido el de las escuelas para atender el lento aprendizaje. De ellas parecen haber egresado no pocos funcionarios públicos. Hasta ahora, Francisco Labastida Ochoa, que pudo haber sido presidente de México, descubre que los problemas financieros nacionales ponen en estado de quiebra a las instituciones gubernamentales. El senador y sus copartidarios, en sus deslumbrantes descubrimientos, señalan que esta quiebra es resultado de las gestiones panistas y que esta atroz verdad no la constataron antes porque los malvados azules esconden la información a los benévolos tricolores.



Para tratar de entender los problemas reales y encontrarles posibles soluciones resulta de poca utilidad querer emparejar los cartones y elogiar, o descalificar, por igual, a las gestiones federales de los partidos. El problema de los gobiernos panistas pueden resumirse, lapidariamente, en una frase: impotencia para resolver los males heredados. Las explicaciones sobre sus incapacidades van desde las debilidades personales y grupales, hasta las defensas infranqueables de los grupos privilegiados y las debilidades institucionales, resumen de la fallida transición democrática. Pero la realidad es que el resultado es incuestionable: las finanzas nacionales no han salido de Chana-Juana.



A propósito, si de conmemorar la Independencia se trata, no está de más recordar que desde esa época, marcadamente desde 1821, hasta este annus horribilis de 2010, y tomando como referencia la que debiera ser su característica o cualidad mayor, que no es otra que ser un Estado rico para recrear una sociedad rica, puede afirmarse, sin estridencias, que no ha existido realmente el Estado mexicano. O si se prefiere, ha sido un Estado pobre, con capacidad muy corta para cobrar impuestos y para ejercer productivamente el gasto, y que ha recreado una sociedad pobre de vida social mediocre.



No existe Estado por debajo del 15, afirmaban los socialistas españoles cuando discutieron la transición y su famoso Pacto de Moncloa. Hacían referencia específica a que la real existencia del estado tiene como base mínima hacerse del 15% de la riqueza nacional de una nación. Y por arriba de este porcentaje, empieza el desarrollo de una sociedad previamente democratizada. Los socialistas hispánicos con inteligencia y sin demagogia no discutían solamente las reformas constitucionales y político-electorales en torno a la distribución de canonjías del poder, sino que pensaban con seriedad en crear un Estado democrático, viable y fuerte, para recrear una sociedad democrática, de bienestar ascendente, progresista y moderna.



En otros términos: la izquierda española definía realidades para aplicar en su país la definición de E. Burke: el ingreso del Estado es el Estado. La derecha peninsular fue más allá y produjo un hecho de praxis política y de generosidad obligada, que casi siempre se pasa por alto: aceptó abandonar un Estado y un modelo de desarrollo que le eran totalmente favorables y pagar tasas más elevadas de impuestos, para crear otra calidad de vida colectiva.



La condición del Estado en México, desde su aparición como nación independiente, es de fragilidad extrema. Sus fundadores, que por cierto no eran priistas, ni panistas, ni perredistas, ignoraban todo de las realidades financieras. Tenían el recuerdo, porque en él nacieron y crecieron, de un Estado Virreinal, rico y próspero, con superávit financiero, aunque no democrático, razón por la cual no se preocupaba por las mayorías indígenas, y tampoco eran receptivos a las exigencias de las minorías mestizas y criollas.



Con ese fantasma de Estado fuerte, definido por su solvencia financiera, que le permitía subvencionar a la Corona española y a otras colonias, Agustín de Iturbide, que no era priista, ni perredista y por consecuencia resultaba un nini, decidió bajar impuestos y derechos, en una economía desfigurada por la guerra y con fuga de capitales, y pronto, muy pronto, antes de que los buenos republicanos le dieran cuello, por agandallarse como Emperador, constató que el dinero no le alcanzaba, ya no para la prosperidad del nuevo imperio meshica, ni siquiera para defenderse de sus nuevos vasallos. Así que los sometió a la terapia intensiva de confiscarles bienes e imponerles préstamos forzados, con lo que debilitó la felicidad de sus bien amados pueblos y de su propio Estado.



Don Guadalupe Victoria, otro ninini (ni prerredista, ni priista, ni panista) inauguró, eso sí republicanamente, la facilota y muy mexicana costumbre de pedir prestado. Así quiso suplir la incapacidad burocrática de cobrar impuestos, quedar bien con los contribuyentes y sobrevivir a los ataques de sus enemigos. Con el primer préstamo internacional, aquellos nininis mexicanos pretendieron armar una flota y compraron barcos. Las naves no llegaron, los préstamos no se pagaron y, en cambio, sí se incrementaron los gastos del ejército y no se pudieron cubrir las graves insuficiencias presupuestales para atender los graves problemas nacionales. Don Guadalupe, personaje histórico de novela, hizo un gobierno de coalición integrando en él a todas las facciones, a pesar de lo cual entre la iglesia, los miembros de las logias escocesa y yorkina, los colonos españoles y los militares lograron paralizar sus mejores proyectos de gobierno. Cualquier parecido con la realidad de 2010 es sólo mera coincidencia histórica.



Es cierto que G. Victoria centralizó la hacienda pública y que nombró, de 1824 a 1829, ocho secretarios del ramo. Pero entre todos no lograron crear un Estado rico y eficiente. Eso sí, durante su gobierno se definen los rasgos perdurables del Estado mexicano, que no han sido modificados hasta la fecha: débil estructura tributaria; baja capacidad recaudatoria y bajos impuestos; endeudamiento (y ahora renta petrolera) para ejercer un gasto público mediocre, es decir, insuficiente, con muy poca eficacia y eficiencia y con mucha corrupción; gobierno con poca autoridad y de baja legitimidad para ejercer la capacidad legal de gravar. Por eso llevamos 200 años de crisis, siempre explosivas por el lado del gasto. Este es el mal nacional. Este es el problema veracruzano de 2010. Irresolubles en las actuales condiciones y que se agravará en los próximos años, debido a su propia “docena trágica”. La democracia y el panismo no crearon el problema de las finanzas fallidas y de la debilidad fiscal, senador Labastida, pero es cierto que no lo han resuelto. El problema es muy grave. Trataremos de entenderlo y explicarlo en las colaboraciones siguientes.

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Deliberación

Seguridad: ¡Son las relaciones…!



Por Francisco Montfort Guillén


 


En el México de nuestros días, la violencia criminal se ha convertido en un hecho social total, según la concepción de Marcel Mauss. Un fenómeno o un proceso entretejido con diversos niveles de organización en distintos niveles de realidad. Su cabal comprensión y, por lo tanto, su posible solución, exige una aproximación intelectual no sobre los hechos de violencia; o sobre el trasiego de drogas, armas y personas; ni siquiera en torno a las decisiones y acciones de las autoridades.



Un hecho social total está entretejido por factores económicos, psicosociales, políticos, culturales a escalas local, nacional e internacional, con acciones de seducción, coptación e imposición en actividades placenteras y dolorosas, financieras y comerciales, ilegales y legales que unen las vidas rural y urbana. Deshilvanar este tejido social puede ofrecernos el conocimiento de cada uno de esos hilos e incidir aisladamente sobre los mismos. Este conocimiento especializado provoca el desconocimiento del funcionamiento del tejido conjunto.



Por supuesto que el asunto de fondo no es la aprehensión intelectual de este complejo problema. Sus negativas repercusiones sobre la sociedad mexicana imponen la exigencia de actuar con urgencia y solvencia. Pero no se puede, ni se debe tratar de correr delante de los problemas. Esta actitud tan latinoamericana, tan mexicana de empirismo inmediatista es, acaso, la crítica más pertinente que puede hacerse a la política puesta en práctica por el gobierno de Felipe Calderón y a las acciones aisladas y timoratas de los ejecutivos estatales.



Como sea, las políticas públicas en torno a la seguridad pública han carecido de atingencia, vale decir, que sus acciones no consideran las relaciones, conexiones y correspondencias entre los actores de la barbarie de cada día. Centrarse en la conducta de los sujetos involucrados significa aislarlos de su contexto y tratarlos como personas intrínsicamente buenas o malas, actores exclusivos de la legalidad o de la ilegalidad.



Para nadie medianamente informado resulta una incógnita el proceso mediante el cual una actividad marginal se ha convertido en el centro de la vida nacional. Las autoridades deben contar con información precisa, sobre los principales actores que en el Antiguo Régimen colaboraron para hacer transitar la criminalidad desde un conjunto de acciones aisladas hacia una actividad sistémicamente organizada. Una prueba de este carácter sistémico lo proporciona la revista francesa L´ Express que resalta no sólo el status millonario de Joaquín Guzmán, “el personaje 41 más influyente del mundo” con sus 1,000 millones de dólares (igual que Alfredo Harp Helíe), sino también, su cirugía plástica y sus ligas con 3,500 empresas legalmente constituidas (Juan María Alponte. El Chapo en la prensa francesa. 19/agosto/2010).



Las críticas a la política seguida por Felipe Calderón lo obligaron a realizar un alto en su camino y evaluar. De las reuniones por él convocadas las más pobres en ideas resultaron las efectuadas con los representantes de los partidos políticos y con líderes partidistas parlamentarios. Nada nuevo. La única constatación pública de esas reuniones es que el PRI no lo apoyará en nada el resto del sexenio, a menos que los tricolores obtengan cono canonjía el libre regreso a Los Pinos. En términos positivos y propositivos, las reuniones resultaron más bien decepcionantes. Propiamente las sugerencias realizadas apuntan a tareas que ya realiza el gobierno federal. El problema mayor parece ser la calidad con que se realizan dichas labores. Pero sin duda la carencia mayor es que, finalmente, prevalece una visión reduccionista y aislacionista de los problemas. Visión que pretende ser corregida por “políticas verdaderamente de Estado” o “políticas verdaderamente integrales”. Y la integralidad para los críticos significa agregar y agregar acciones que creen olvidadas o menospreciadas como los servicios de inteligencia sobre los malosos y sobre el lavado de dinero.



Un hecho social total o un hecho complejo no se puede resolver así. No es una cuestión de más balas, más “inteligencia criminalística” y más castigos legales. Las acciones omniabarcantes empiezan con un estudio de los componentes y, principalmente, de sus relaciones. Son las relaciones sociales las promotoras de la impunidad, de la corrupción y de la trasferencia de los actores del bando gubernamental al bando criminal. Por este proceso de cambio de actitudes y acciones de la legalidad a la ilegalidad de las autoridades públicas es que han sido borrados los límites y las esferas de acción entre quienes representan el bien público y quienes encarnan el interés privado delincuencial. Es esta nueva organización la que debe ser desmantelada.















 



















































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